El tribunal de Florencia protege a quienes no accedieron a la ciudadanía italiana
Un tribunal italiano volvió a reconocer el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia a solicitantes que intentaron obtener un turno consular antes de la entrada en vigor del denomi...
Un tribunal italiano volvió a reconocer el derecho a la ciudadanía italiana por descendencia a solicitantes que intentaron obtener un turno consular antes de la entrada en vigor del denominado Decreto Tajani, pero que no pudieron completar el trámite debido a la saturación de los servicios consulares.
La decisión fue adoptada por el Tribunal de Florencia el 22 de junio de 2026 y refuerza una línea jurisprudencial que ya había comenzado a consolidarse en Italia. En mayo pasado, el Tribunal de Apelación de Reggio Calabria había reconocido que la parálisis de los consulados italianos en Sudamérica constituía un hecho notorio que afectaba el ejercicio de los derechos de los descendientes.
El caso analizado en Florencia involucró a personas que habían intentado reservar una cita consular antes del 27 de marzo de 2025, fecha límite fijada por el Decreto-Ley 36/2025, posteriormente convertido en la Ley 74/2025. La normativa restringió el reconocimiento automático de la ciudadanía italiana para quienes nacieron en el extranjero y poseen otra nacionalidad.
Sin embargo, el tribunal consideró que la protección prevista por la ley alcanza a quienes demostraron haber iniciado oportunamente las gestiones necesarias para presentar su solicitud, aunque la administración no les hubiera permitido concretar el trámite.
Según el fallo, “la conducta que la norma busca premiar es la iniciativa del solicitante, no el resultado del proceso burocrático”.
El juez sostuvo que situaciones como la falta de turnos disponibles, la sobrecarga de los sistemas de reservas, la ausencia de respuestas por parte de los consulados o la suspensión de servicios no pueden perjudicar a quienes intentaron ejercer su derecho dentro de los plazos establecidos.
La sentencia también recordó que el propio Estado italiano reconoció ante el Tribunal Constitucional que la acumulación de solicitudes, especialmente en Sudamérica, provocó largas listas de espera y dificultades operativas en la red consular.
Para el tribunal, condicionar el reconocimiento de un derecho a la eficiencia administrativa supondría una contradicción con el espíritu de la propia legislación.
El Ministerio del Interior no se presentó en el proceso y fue declarado en rebeldía. Como consecuencia, el tribunal reconoció la ciudadanía italiana de los demandantes, ordenó su inscripción en los registros civiles italianos y condenó al ministerio al pago de 1.452 euros en concepto de costas judiciales.
La abogada Isabel De Lima, responsable de la demanda, consideró que la resolución representa un precedente relevante para quienes quedaron excluidos por las fallas del sistema consular.
“Esta sentencia representa un precedente importante en el escenario posterior al Decreto Tajani y a la sentencia 63/2026 del Tribunal Constitucional, reforzando la protección de los descendientes que se vieron impedidos de ejercer sus derechos debido a la sobrecarga y la ineficiencia de los consulados italianos”, afirmó.
