El parlamento suizo rechazó una propuesta de ley para registrar y publicar datos sobre extranjeros que viajen al país europeo para acceder al suicidio asistido que no exige ser residente local ni contar con ciudadanía.
La decisión expuso una tensión política latente, ya que los datos sobre estos casos existen pero no se difunden oficialmente, evitando abrir un debate público sobre un fenómeno creciente y controversial.
El marco legal suizo se basa en el artículo 115 del Código Penal, que establece que asistir a una persona a morir solo es punible si existe un motivo egoísta, lo que generó una regulación amplia que habilitó el acceso al suicidio asistido incluso para extranjeros.
A diferencia de otros países como España, Colombia o Uruguay, donde estas prácticas están reguladas bajo condiciones estrictas, el sistema suizo permite el acceso sin requisitos de nacionalidad ni diagnóstico terminal, consolidando una singularidad jurídica a nivel global.
En este esquema, se distingue claramente entre suicidio asistido -donde la persona ejecuta el acto final- y eutanasia, que implica la intervención directa de un tercero y permanece prohibida en el país.
Organizaciones como Dignitas y Lifecircle operan dentro de este marco legal de Suiza, asistiendo a personas provenientes del exterior siempre que no medie un beneficio económico directo en la asistencia brindada.
La ausencia de estadísticas oficiales obligó a recurrir a estimaciones periodísticas, que indican que alrededor de quinientas personas viajan cada año a Suiza para acceder a este procedimiento, con costos que rondan los 12.000 dólares.
El rechazo parlamentario a transparentar estos datos confirmó un escenario donde la normativa permite la práctica, pero la política evita profundizar su visibilidad, manteniendo abierto un debate ético, jurídico y social a nivel internacional.
Fuente: http://eldiariodeviaje.ar/index.php/es/noticias/item/5094-suiza-europa-turismo-viajes-eutanasia
